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En el Congreso Nacional vuelve a debatirse uno de esos temas de los que muchos hablan sistemáticamente por corrección política, pero que nunca se convierten en ley porque la pugna de intereses termina imponiéndose a la necesidad de transparentar los procedimientos. Nos referimos a la regulación de los denominados "gestores de intereses" o "lobbistas", como se los conoce en otras partes del mundo donde su actividad está debidamente reglamentada.
Son aquellas personas físicas o jurídicas que, por sí o por medio de representantes, realizan acciones en defensa de sus intereses o de los de terceros. El fin es influir ante legisladores u otros funcionarios públicos vinculados con la elaboración de una ley o una política determinada. Y esa manera de influir es formulando modificaciones, sugiriendo aspectos que a su juicio deberían ser incluidos o pidiendo que se rechacen otros.