La reunión se produjo en el salón
federal del Centro Cultural Kirchner. Las ventanas abiertas tenían vista a la
Casa Rosada y la temperatura primaveral no dejaba en evidencia el ahorro
energético propuesto en las dependencias públicas por parte del presidente
Mauricio Macri.
Adrián Pérez, secretario de Asuntos
Políticos e Institucionales de la Nación, fue quien encabezó la reunión con el
anzuelo de la elaboración de una Ley de Gestión de Intereses. En castellano: la
fórmula para regular las acciones de lobby ante los diferentes
organismos del Estado nacional (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial).
Hasta ahora, sólo regulado por el decreto 1172 de acceso a la información
pública que obliga al Ejecutivo al registro de audiencias de sus funcionarios.
Foto:
LA NACION
Las dos horas del debate no tuvieron
desperdicio. Menos cuando a uno de los presentes se le ocurrió la propuesta de
generar el registro argentino de lobbistas. Es decir, una especie de listado
entre los que serían "matriculados" y los que no. La propuesta fue
rápidamente descartada.
"¿Qué pasaría por ejemplo en un
pueblo en el que un empresario se acerca a un intendente y no es de los
registrados?, ¿cómo se administraría en la práctica lo que suena muy lindo
desde una académica teoría?", se enojó uno de los representantes de una
multinacional.
Además de Pérez, la subsecretaria de
Fortalecimiento Institucional, Marina Carbajal, moderó el encuentro. Por el
sector empresario Jaime Campos (titular de AEA); Miguel Blanco (director
ejecutivo de IDEA); Miguel Etchevehere (presidente de la Sociedad Rural
Argentina) y Martín Dedeu (asesor jurídico de la Unión Industrial Argentina),
entre otros, fueron de la partida. Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de
Unión PRO y Fernando Rubín, gerente general del Banco Hipotecario y la
excepción a la regla local como el único psicólogo entre los presidentes de
bancos, fueron otros de los que expusieron. Representantes de las ONG Cippec y
Directorio Legislativo y el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,
Manuel Garrido, aportaron su visión.
La elección de los invitados no fue
improvisada: se buscaron referentes del mundo corporativo y Fernando Cinalli,
titular de S+R Seguros y uno de los hombres clave de IDEA, tuvo un papel
preponderante. Desde hace tiempo investiga el tema y lo impuso en la agenda de
los Coloquios de Mar del Plata como uno de los ejes a seguir de cerca.
"Se trata de la primera reunión
de una serie de no más de tres encuentros que contribuirán a la construcción de
una ley que genere más transparencia en la relación público-privado", se
entusiasmó Pérez. La próxima audiencia está prevista para los primeros días de
septiembre.
Por su parte, Rodrigo Mora Ortega,
referente del gobierno chileno en materia de transparencia fue el único
invitado regional a modo de leading case. "En Chile la ley de lobby regula
los estándares de ética pública y el funcionario debe llevar un registro de
audiencias, donativos y viajes. El que no cumpla con ello tiene multa y hasta
se lo puede destituir." Cabe aclarar que en el país vecino hubo hasta
cinco intentos antes de implementar la ley definitiva que hoy rige.
En la Argentina, la ley de ética
pública tiene especificaciones sobre los regalos, pero no regula los donativos
y viajes. Es decir, no existe la obligación de publicarlos.
En el CCK los lobbistas de
bancos, aeropuertos, automotrices dialogaban por lo alto y también por lo bajo.
De hecho al cierre de la reunión de 40 asistentes se esgrimieron los primeros
lineamientos de un documento al que tuvo acceso LA NACION.
Allí se afirma que se considerará
como "una audiencia de gestión de intereses" a toda reunión personal
o por videoconferencia entre un sujeto obligado por la ley y quien pretenda
influir sobre el proceso de toma de decisiones de un funcionario público a
favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual
u ocasional, planificado o incidental.
Para ello buscan establecer qué
procesos de toma de decisiones son objeto de regulación. Entre los primeros
puntos que ya se acordaron aparecen:
El curso y resolución de expedientes
administrativos.
La elaboración de un anteproyecto o
proyecto de ley o cualquier otra norma en sentido general.
El procedimiento de contratación de
bienes o servicios.
La elaboración e implementación de
políticas públicas.
El procedimiento para acuerdos
senatoriales.
Los nuevos registros también
supondrán nuevas responsabilidades para los funcionarios que, en caso de
sancionarse la ley, estarán obligados a cargar y mantener actualizados los registros
públicos y online de las audiencias de gestión de intereses
que mantengan. Ya no bastará con lugar, fecha y hora o nombre de solicitantes y
asistentes, sino también con el nombre o razón social de la persona, cuyos
intereses se gestionaron y una síntesis del contenido de la audiencia. También
deberán registrarse los viajes a más de 70 kilómetros que no hayan sido
solventados por el funcionario y los datos imprescindibles serán lugares y
fechas, motivos de las actividades, monto de los viáticos y nombre de la
persona o entidad que los solventa.
El debate por cuáles serán las
sanciones que reciban los funcionarios que incumplan con los requerimientos
quedó abierto para el nuevo encuentro.
"En algunos países se opta por
multas pecuniarias y en otros directamente por la destitución cuando se
compruebe que intentó ocultarse algo al interés genuino de los
ciudadanos", graficó un participante de la reunión.
También está bajo análisis la
"igualdad de armas". Es decir que cuando se debata un tema particular
haya reciprocidad por parte de todos los actores y que no sea optativo sino
obligatorio. "Eso no es justo", concluyó un lobbista aún
adicto a las viejas prácticas.
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