Seguir postergando un serio debate sobre la ley para regular la actividad de los "gestores de intereses" implicaría admitir que la corrupción nos ha ganado.En el Congreso Nacional vuelve a debatirse uno de esos temas de los que muchos hablan sistemáticamente por corrección política, pero que nunca se convierten en ley porque la pugna de intereses termina imponiéndose a la necesidad de transparentar los procedimientos. Nos referimos a la regulación de los denominados "gestores de intereses" o "lobbistas", como se los conoce en otras partes del mundo donde su actividad está debidamente reglamentada.
Son aquellas personas físicas o jurídicas que, por sí o por medio de representantes, realizan acciones en defensa de sus intereses o de los de terceros. El fin es influir ante legisladores u otros funcionarios públicos vinculados con la elaboración de una ley o una política determinada. Y esa manera de influir es formulando modificaciones, sugiriendo aspectos que a su juicio deberían ser incluidos o pidiendo que se rechacen otros.
En sí, el lobby no es ni bueno ni malo. Es una actividad que existe en la práctica, pero que, precisamente por falta de regulación, genera innumerables y fundadas sospechas. Sin ir muy lejos, valga recordar el caso de las supuestas coimas que funcionarios del gobierno de De la Rúa habrían pagado a senadores para la sanción de una reforma laboral. Tras muchos años de investigación, la Justicia sobreseyó a los principales sospechosos y disparó una enorme desconfianza pública sobre la transparencia o la falta de ella en el resto de los trámites legislativos. Las sospechas se multiplicaron también, durante años, con las recordadas excepciones al código de edificación en el viejo Concejo Deliberante porteño, o en casos como el veto a la ley de glaciares por el gobierno de Cristina Kirchner en 2008.
¿Por qué habría que institucionalizar la actividad de los lobbistas? En primer lugar, porque no hay dudas de que existe y que hoy se maneja en una total opacidad. En segundo término, porque en política se trata de conciliar los intereses de la mayoría de las personas o grupos. Nunca se podrá dejar a todos satisfechos, pero al menos las decisiones que se adopten deberán tender a ser lo más abarcadoras posible. Y así como es necesario saber qué les dicen los empresarios o los sindicalistas a los legisladores cuando los visitan en vísperas de la sanción de una ley, por ejemplo, también lo es que personas particulares, asociaciones profesionales, cámaras, organizaciones no gubernamentales y demás actores puedan participar del proceso de toma de decisiones evitando las asimetrías que producen los caudales de información disponibles que imponen la fuerza de algunas voces por sobre las de otras.
Para hacer que ese proceso sea transparente, existen muchos mecanismos. En Chile y en los Estados Unidos, por ejemplo, el lobby ha dejado de ser mala palabra. Es que la práctica regulada de esa actividad permite que funcionarios de los diferentes poderes del Estado obtengan los mejores argumentos de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión. Esa definición está incluida en los fundamentos de uno de los proyectos actualmente en debate en el Congreso argentino, presentado por la diputada Ana Carla Carrizo (Cambiemos), y no difiere en lo sustancial de otras iniciativas sobre el tema de los diputados Mario Negri (Cambiemos) y Margarita Stolbizer (GEN).
Otros proyectos presentados con anterioridad perdieron estado parlamentario y, con ello, la oportunidad de clarificar un asunto clave para garantizar la publicidad y la transparencia de la gestión de intereses desarrollada en la administración pública, el Congreso o el Poder Judicial.
Entre los puntos salientes de esos proyectos, cuya discusión en el recinto está pendiente, figuran:
-Crear un registro de lobbistas y de reuniones de gestión de intereses.
-Determinar cuál será la autoridad de aplicación que deberá hacer públicas esas gestiones para que cualquier ciudadano las pueda consultar.
-Establecer claramente incompatibilidades, es decir, quiénes no podrán ejercer como lobbistas (entre ellos, los agentes de los poderes públicos y sus parientes más cercanos mientras dure su función, los condenados judicialmente y los inhabilitados para ejercer cargos públicos).
-Disponer sanciones económicas y de inhabilitación para quienes violen la ley.
Obviamente, todos esos presupuestos deben ser debatidos en comisiones del Congreso, de donde debería salir el dictamen con el mayor consenso posible.
Hoy se abre una nueva oportunidad para retomar este debate que hace a la transparencia de los procedimientos en una democracia. Conciliar intereses es una obligación de todas las partes. Se trata de un resultado -la ley- que se debe construir socialmente, con el punto de vista de todos. Y todas esas gestiones deben ser acompañadas por una clara y periódica rendición de cuentas.
El derecho de peticionar es lícito y lo es para todos. Los grupos de interés -también llamados de presión- tienen todo el derecho de hacerse escuchar y los ciudadanos tenemos todo el derecho de saber qué es lo que aquéllos reclaman, cómo pretenden influir en nuestros representantes y que todo se haga en la forma más transparente posible.
La lucha contra la corrupción no debe ser un mero enunciado. Decir que hay lobbistas, pero no hacer nada para regular esa actividad es ayudar a consolidar las sospechas como parte de un paisaje que de ningún modo puede ser considerado inalterable.
"Hasta hoy -ha dicho la diputada Carrizo, y coincidimos con ella-, en la Argentina hay un poder real que es invisible y desleal, de allí que sea necesario regular el derecho lícito de peticionar, establecido en la Constitución, de manera que las actividades de gestión de intereses no creen un republicanismo corporativo."
Seguir en la senda en la que nos hallamos, sólo criticando y sin tomar cartas en el asunto, no hará más que confirmar el actual estado de cosas. Sería darse por vencido y aceptar que la corrupción nos ha ganado.
Fuente: www.lanacion.com.ar
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