
Adrián Pérez, secretario de Asuntos
Políticos e Institucionales de la Nación, fue quien encabezó la reunión con el
anzuelo de la elaboración de una Ley de Gestión de Intereses. En castellano: la
fórmula para regular las acciones de lobby ante los diferentes
organismos del Estado nacional (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial).
Hasta ahora, sólo regulado por el decreto 1172 de acceso a la información
pública que obliga al Ejecutivo al registro de audiencias de sus funcionarios.